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jueves, 9 de enero de 2014

FRANCIA: EL GOBIERNO MULTA A GOOGLE POR NO RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD


Francia multa a Google por no respetar 

confidencialidad


Se reprocha a Google la falta de información suficiente a los usuarios de las condiciones y finalidad del tratamiento de sus datos personales
El gigante del Internet presuntamente no respetó la ley de protección de datos que el país europeo i
La Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL) , competente en protección de datos, anunció hoy que ha impuesto unasanción de 150.000 euros (204 mil 300 dólares) al gigante Google por no respetar las reglas del país en materia de confidencialidad.
El buscador deberá, además, publicar antes de ocho días en su página de acogida un comunicado recogiendo la sanción durante 48 horas, indicó la CNIL en un comunicado.
La multa impuesta a Google es la máxima prevista por la legislación francesa para este tipo de faltas y la mayor de la historia del organismo dado "el número y la gravedad de las faltas constatadas" , agregó.
La CNIL reprocha al grupo el no respeto de la ley francesa en su política de protección de datosimpuesta en marzo de 2012, cuando decidió fusionar las reglas de confidencialidad de unos 60 servicios que presta, tales como el buscador tradicional, el de vídeos Youtube, el correo electrónico Gmail o el servicio de mapas.
"A causa del número de servicios concernidos, prácticamente todos los internautas franceses están afectados por esta decisión" , indicó la CNIL.
En contra de lo que considera Google, la CNIL estima que los datos recolectados por estos servicios son "de carácter personal" , por lo que deben respetar las reglas del país.
El organismo reprocha a Google la falta de información suficiente a los usuarios de las condiciones y finalidad del tratamiento de sus datos personales.
Los internautas "no pueden comprender ni la finalidad de la colecta, al no estar determinados tal y como exige la ley, ni la amplitud de los datos colectados" , por lo que "no están en disposición de ejercer sus derechos" , indica.
Además, la CNIL estima que Google no respeta la obligación de obtener el consentimiento de los usuarios para introducir "cookies" en sus terminales.
Además, el buscador no precisa la duración de conservación de esos datos y se otorga la posibilidad de combinarlos entre el conjunto de sus servicios.
La CNIL indicó que las faltas cometidas por Google fueron constatadas por 29 organismos europeos de protección de datos y que las conclusiones de su análisis "son similares a las de las autoridades holandesas y españolas" a finales del año pasado.

sábado, 4 de enero de 2014

ARGENTINA MULTA A ENDESA CON 26 MILLONES DE EUROS


Argentina multa a Endesa con 26 millones de euros por los cortes de luz

El problema de los cortes no es por las tarifas, sino por presión de las empresas; el Gobierno no va a ceder, asegura Julio de Vido


Algunas familias de Buenos Aires aún permanecen sin luz, pero la inmensa mayoría ya la ha recuperado. Es hora entonces de los resarcimientos por las interrupciones del servicio de las últimas tres semanas, que en algunos casos duraron pocas horas y en otros, hasta 15 días. Los usuarios recibirán de las dos distribuidoras una indemnización desde 53 a 95 euros, según hayan sufrido cortes de más 12 de horas o de más de dos días. Edesur, una de las distribuidoras porteñas, la que pertenece a la española Endesa (controlada, a su vez, por la italiana ENEL), deberá abonarles 24,1 millones de euros, según lo anunció este viernes el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina, Julio de Vido. Además, Edesur tendrá que pagar una sanción de otros 1,9 millones al Estado.
La otra empresa, Edenor, del empresario argentino Marcelo Mindlin, tendrá que desembolsar 8,4 millones para los cliente y 878.000 al Estado. "El sistema falló donde no se invirtió”, opinó el ministro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Por cada interrupción del servicio de Edenor, hubo cinco de Edesur. Si el comportamiento de Edenor fue malo, el de Edesur fue malísimo. Vamos a analizar estas gravísimas negligencias y vamos a proceder en los próximos días en consecuencia. No estamos analizando ahora la rescisión (de las concesiones del servicio a ambas empresas), sino la posibilidad de hacerlo en función de la gravísima situación”, añadió De Vido. Ya el Ejecutivo había advertido hace dos semanas que reestatalizaría el suministro y hace una, que se lo concedería al ayuntamiento de Buenos Aires y a la provincia homónima.
Al comenzar estos nuevos apagones en Argentina, una portavoz de la filial de Endesa responsabilizó de la calidad del servicio a las bajas tarifas, que se han mantenido congeladas para hogares de clases media y baja desde la crisis económica de 2002. El argumento es que la energía barata, por la que una familia de cuatro personas puede pagar incluso cuatro euros por mes, alienta el consumo y desincentiva la inversión. Pero De Vido descartó esa tesis: "El problema no pasa por las tarifas, pasa por presionar para que suban, y el Gobierno no va a ceder". No obstante, prometió que el Ejecutivo volverá a reducir subvenciones para los usuarios que más electricidad consumen. De momento solo lo hizo en 2011 en los barrios ricos.

sábado, 7 de diciembre de 2013

EL GOBIERNO MANTENDRA EN SECRETO A LOS BANQUEROS MULTADOS


Linde podrá mantener en secreto la identidad de los banqueros multados

La nueva ley de supervisión permitirá al Banco de España guardar la confidencialidad

El objetivo es evitar un “daño desproporcionado” a quienes violen la normativa

La CNMV también hará pruebas de resistencia a las firmas de inversión

  • El Banco de España tendrá poder para atar en corto a la banca

La nueva ley de supervisión y solvencia que prepara el Gobiernorefuerza el poder sancionador del Banco de España, con multas de hasta cinco millones para los banqueros y hasta el 10% del volumen de negocio para los bancos. Pero, a la vez, concede al organismo que dirige Luis Linde la facultad de mantener en secreto la identidad de los banqueros multados.
Con carácter general, las sanciones por infracciones muy graves se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, una vez que sean firmes en vía administrativa. El Banco de España podrá decidir también la publicación de las infracciones graves.
Además, las sanciones y amonestaciones tanto por infracciones muy graves como graves deberán ser publicadas en la página web del Banco de España, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que la sanción o amonestación sea firme en vía administrativa. Al publicarse, se deberá dar información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga. Esta información deberá permanecer en la página web durante cinco años.
Sin embargo, habrá excepciones a esa norma, según se recoge en el artículo 114 del anteproyecto de ley de supervisión y solvencia que el Gobierno ha sometido a audiencia pública antes de aprobarla en el Consejo de Ministro para remitirla al Congreso.
“El Banco de España podrá acordar que la sanción se publique manteniendo confidencial la identidad de los sujetos sancionados” en tres circunstancias, dice el citado artículo. El primer caso es “cuando la sanción se imponga a una persona física y, tras una evaluación previa, la publicación de los datos personales resulte ser desproporcionada”. No se dice nada de qué criterios se van a seguir a la hora de decidir que el hecho de publicar que un banquero ha violado la ley es “desproporcionado”. El segundo supuesto es en realidad doble: “cuando la publicación pudiera poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación penal en curso”. El tercero es bastante similar al primero, pero extendido tanto a los bancos como a los banqueros. Así, se podrá mantener en secreto la identidad del multado, “cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas implicadas, en la medida en que se pueda determinar el daño”.
La ley sistematiza también en un nuevo artículo, que refunde diferentes disposiciones ya en vigor, la obligación de secreto del Banco de España sobre los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud del ejercicio de la función supervisora. Las excepciones a ese deber de secreto son amplias e incluyen la información a los tribunales, a comisiones de investigación, a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o a otros supervisores. También se recoge expresamente que el deber de secreto no será obstáculo para que el Banco de España publique los resultados de las pruebas de resistencia.
En otro punto, la ley prevé que también la Comisión Nacional del Mercado de Valores someterá a pruebas de resistencia a las empresas de servicios de inversión sujetas a su supervisión al menos una vez al año.

El Banco de España podrá hacer guías de supervisión

M. J., MADRID
La nueva ley de supervisión y solvencia señala que el Banco de España podrá elaborar guías técnicas, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, “indicando los criterios, prácticas, metodologías o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa de supervisión”. Dichas guías deberán hacerse públicas y se referirán a materias como riesgos, remuneraciones, información financiera y contable y gobierno corporativo, entre otras.
Además, el Banco de España aprobará, al menos una vez al año, un programa supervisor para todas las entidades de crédito sujetas a su supervisión. El programa prestará especial atención a las entidades cuyos resultados en las pruebas de resistencia o en el proceso de revisión supervisora y de evaluación, indiquen la existencia de riesgos significativos para su solidez financiera o revelen el posible incumplimiento de la normativa de solvencia, a las que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero y a cualquier otra que, según el Banco de España, requiera especial atención.
Ese programa contendrá un plan de inspecciones in situ de las entidades de crédito. El supervisor podrá, si lo ve necesario, aumentar las inspecciones in situ, decidir la presencia permanente en la entidad, pedirle información más frecuente o realizar exámenes temáticos centrados en riesgos específicos. La norma prevé que, al menos una vez al año, el Banco de España someterá a pruebas de resistencia a las entidades de crédito que supervisa.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

LA UE IMPONE UNA MULTA RECORD A SEIS GRANDES BANCOS


La UE impone multa récord a seis grandes bancos

Deberán pagar 1.700 millones de euros por haber manipulado entre ellos las tasas interbancarias en euros y en yenes. El más afectado es el Deutsche Bank

El banco Deutsche Bank deberá pagar una multa de 725 millones de euros mientras que Société Générale, que cometió infracciones únicamente en relación con la tasa Euribor, deberá abonar 446 millones de euros. El Royal Bank of Scotland (RBS), condenado en las dos investigaciones, pagará 391 millones de euros.
El resto de las multas son para los bancos JP Morgan y Citigroup, así como para el corredor bursátil RP Martin.
"Éstas son las multas más elevadas aplicadas por la Comisión en virtud de la legislación anti trust", indicó el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que precisó que el objetivo era "castigar y disuadir". "Las entidades financieras decidieron ponerse de acuerdo en vez de competir", agregó.
El banco Barclays no fue multado por la Comisión en la investigación por manipulación del Euribor, ya que fue la entidad la que reveló la existencia de colusión, pero de no haberlo hecho, la multa hubiese sido de 690 millones de euros, precisó el Ejecutivo europeo. La Comisión mantiene abierta la investigación para los bancos Credit AgricoleHSBCy JP Morgan.
Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS) y Société Générale pudieron reducir su multa de 10% por haber cooperado en la investigación.
En el caso de las tasas de interés en yenes, Libor y Tibor, el banco UBS no pagará la multa, que habría sido de 2.500 millones de euros, ya que reveló a la Comisión las infracciones. Además del Deutsche Bank, multado tras esta investigación con 259 millones de euros, y el RBS por 260 millones, el banco JPMorgan fue multado por 80 millones, el Citigroup por 70 millones y el corredor RP Martin por 247.000 euros.
El caso de manipulación del Libor ya dio lugar a importantes multas en diferentes países. UBS tuvo que pagar 1.000 millones de francos suizos, RBS 600 millones de dólares y Barclays unos 450 millones de dólares.
Almunia precisó que la Comisión investigaba actualmente sobre una posible manipulación del franco suizo y no excluyó "otras investigaciones del mismo tipo sobre actividades de manipulación de índices de referencia".
Las tasas Libor, Euribor y Tibor determinan el coste del dinero para los préstamos entre bancos e incide en los créditos a particulares y empresas. Para el índice de referencia de la zona euro, Euríbor, 57 bancos participan en su elaboración y 18 en el Líbor.

viernes, 29 de noviembre de 2013

ESPAÑA: MULTA DE 30.000 EUROS AL QUE PARALICE UN DESAHUCIO


Multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio

Interior castigará así un acto de desobediencia que los jueces se están negando a sancionar con el Código Penal
La nueva Ley de Seguridad permitirá multar con hasta 1.000 euros la participación pacífica en un "escrache"



El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que los trámites pendientes antes de su aprobación no lo impidan.
El borrador que presenta este viernes Jorge Fernández Díaz en el Consejo de Ministros considera falta grave los "actos de obstrucción" a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cifra en 825 los desahucios paralizados hasta ahora. A partir del próximo verano, fecha a partir de la cual podría estar sancionada la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.

Las mismas fuentes insisten que la nueva Ley castigará aquellas conductas que no revisten la gravedad de delito, para las que está reservado el Código Penal. Se da la circunstancia de que el artículo 544 del Código Penal ya castiga a aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Sin embargo, fuentes de la PAH aseguran que los jueces se han resistido hasta ahora a aplicar este artículo y que a lo que deben enfrentarse los activistas es a las denuncias de los policías por supuestos atentados a la autoridad o resistencia.

Interior ha evitado incluir los "escraches" como infracción tipificada. Las citadas fuentes del Ministerio aseguran que las infracciones que pueden cometer los participantes en una de estas acciones están dispersadas en distintos artículos del hasta ahora borrador de la Ley. Entre ellas, participar en protestas que no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, lo que constituye una falta leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros. Si durante la misma, la Policía considera que alguien ha alterado la seguridad ciudadana, la multa podría ir de 1.001 a 30.000 euros.

Además, la nueva Ley facultará a la Policía para que ubique un cordón de seguridad donde y cuando considere necesario. Esta prerrogativa hará en la práctica que los participantes en el "escrache" no puedan acercarse al objetivo de su protesta.

Protestas ecologistas

Según las explicaciones ofrecidas hoy por el departamento de Fernández Díaz, algunas protestas ecologistas escaparán, en principio, a las sanciones muy graves. En este apartado, castigado con hasta 600.000 euros de multa, entran las protestas que afecten a "infraestructuras críticas" que describe la Ley 8/2011, pero "siempre que lleven aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento".

Será, por contra, una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. Las infracciones graves se castigarán con multas de hasta 30.000. Por tanto, sobrevolar una central nuclear con una avioneta que muestre una pancarta no debería ser una falta muy grave porque no parece que ponga en peligro a las personas que allí trabajan o a la propia instalación. De otro lado, el despliegue de la última pancarta de Greenpeace en el Congreso de los Diputados sí supone una falta grave. La Audiencia Nacional archivó el caso por la citada acción.

Un portavoz del Ministerio aseguró este viernes que la "casuística" resolverá las posibles ambigüedades del texto, es decir, se dejará a la consideración de la Policía, responsable último de la infracción al tratarse de una infracción administrativa. El recurso a los tribunales de lo contencioso-administrativo es objeto de las tasas impuestas en la última reforma del Ministerio de Justicia.
FUENTE

viernes, 22 de noviembre de 2013

MENTIR EN EL CURRICULUM SE MULTARA CON 30.000 EUROS, CON LA NUEVA LEY QUE PREPARA EL GOBIERNO


La 'ley mordaza' que prepara Interior multará con 30.000 euros mentir en el currículum

El borrador 'anti 15-M' que irá al Consejo de Ministros la próxima semana ve "falta grave" atribuirse públicamente una profesión sin poseer el título académico. La sanción será de entre 1.001 y 30.000 euros. La ficha del Congreso del 'números dos' de Empleo recogió que era "licenciado en Medicina" cuando no tenía tal graduación.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, observa atentamente un documento en el Congreso.
El borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadanasigue dando que hablar. La revisión de la Ley Corcuera de 1992que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy contempla como infracción del orden público la falsificación delcurriculum vitae. El texto iba a llegar este viernes a la mesa del Consejo de Ministros en medio de una ola de indignación entre activistas sociales, principalmente agitada desde la Red. Sin embargo, Interior comunicó a última hora de ayer que el borrador no será debatido en el Consejo de Ministros previsiblemente hasta la próxima semana, ya que los servicios jurídicos del Ministerio han constatado que aún faltan algunos matices por introducir, siendo precipitada su aprobación este viernes, como pretendía el ministro, Jorge Fernández Díaz.
El documento sitúa el hecho de mentir en una graduación académica al mismo nivel que conductas, como por ejemplo, “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar” a los agentes de policía desplegados en manifestaciones o “escalar edificios públicos como acción de protesta”. Todo ello será calificado como “falta grave” y castigado con una multa de entre 1.001 y 30.000 euros.
Tal y como ha apuntado el propio titular de Interior, el Ejecutivo popular ha considerado “necesario” acometer esta reforma porque el Código Penal en tramitación elimina este tipo de faltas, unas porque pasan a ser delitos leves y otras, sanciones administrativas. “Si no las incorporáramos a una Ley de Seguridad Ciudadana ahora, hay figuras en el Código Penal que quedarían en el limbo jurídico”, ha reiterado el ministro.
Se da la circunstancia de que falsear el curriculum vitae se encuentra en ese grupo de figuras que pasarán a ser recogidas en la Ley mordaza o Ley anti-15-M, según el borrador consultado porVozpópuli. En concreto, el Código Penal recoge en su artículo 637 que quien “se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea, será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a 30 días”. Tal sanción será ahora actualizada en los términos antes citados. La Ley Corcuera no recogía esta cuestión.
Existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este artículo, aplicado por ejemplo en la STS 2564/2012 a un individuo “que no era licenciado en Derecho y, por lo tanto, tampoco era abogado entre el mes de octubre de 2002 y el mes de octubre de 2005. Sin embargo, haciéndose pasar por licenciado en Derecho y abogado, realizó entre esas fechas una serie de actuaciones con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito”.
Cospedal tranquiliza a los consejeros de Interior del PP en una reunión interna donde repite por tres veces que “más seguridad jurídica es más seguridad ciudadana”
Existen casos en que el acusado por el artículo 637 del Código Penal también lo es por el artículo 402 de dicha norma: “El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”. La principal diferencia está en que el primer precepto se trata de una falta al aparentar públicamente una condición profesional que no se tiene mientras que el segundo recibe ya la consideración de delito por cuanto se ejercen funciones propias de dicha profesión. Esto último es lo que se conoce como intrusismo.
Precisamente en el actual Gobierno hay un alto cargo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se vio envuelto el año pasado en una sonada polémica al aparecer durante tres legislaturas en su ficha del Congreso de los Diputados que era “licenciado en Medicina” cuando no gozaba de tal graduación. Tal y como publicó el diario El País, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgosno completó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid, pese a lo recogido en su currículum registrado en las Cortes.
En la referencia del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, que incluía su nombramiento como números dos del departamento de Fátima Báñez, también apareció que Burgos era “médico”, pero esto fue corregido, una vez saltó la noticia, con la frase “tiene formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid”.
Cónclave en Génova
En paralelo a las críticas que ha generado el borrador, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió ayer con Fernández Díaz y los consejeros de Interior de las comunidades gobernadas por el PP. Según fuentes presentes en este encuentro a puerta cerrada en Génova, la números dos de Mariano Rajoy explicó las líneas maestras de la futura Ley de Seguridad Ciudadana y respaldó su contenido afirmando hasta “por tres veces” que “más seguridad jurídica es más seguridad ciudadana”. Asimismo, Cospedal tranquilizó a los asistentes, saliendo al paso de informaciones sesgadas que se han publicado al respecto, con el argumento de que “las sanciones son las mismas que las previstas hace 22 años”.
Es cierto que la Ley Fernández no dista mucho de la Ley Corcueraen materia de multas. Las graves son sancionadas según el texto de 1992 con un importe de entre 300 y 30.000 euros. Ahora, la cuantía mínima se eleva a 1.001 euros y se mantiene la máxima. Por su parte, las muy graves, como rodear el Congreso o fotografiar a policías, ambas de nuevo cuño, repiten cantidades: de 30.000 a 600.000 euros. 

martes, 5 de noviembre de 2013

JOHNSON & JOHNSON CONDENADA A PAGAR 2.200 MILLONES POR RECOMENDAR MEDICAMENTOS


Johnson & Johnson accede a pagar multa de US$2.200 millones


La compañía multinacional Johnson & Johnson accedió este lunes a pagar una multa de US$2.200 millones para resolver alegatos civiles y criminales por haber promocionado tres medicamentos para usos distintos a los que fueron aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).
Las acusaciones incluyen el pago de sobornos a los médicos y farmacias para recomendar y prescribir Risperdal y Invega, ambos fármacos antipsicóticos, y Natrecor, que se utiliza para tratar la insuficiencia cardiaca.
El acuerdo es el tercero más grande de la historia entre Estados Unidos y un fabricante de medicamentos.
En julio del año pasado, el gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline pagó un récord de US$3.000 en multas, para resolver lo que funcionarios estadounidenses describieron como el mayor fraude de salud en la historia de EE.UU.

jueves, 31 de octubre de 2013

MULTA DE 200 EUROS POR SER MENDIGO EN LA CALLE


Multas de 200 euros para erradicar la mendicidad del centro de Oviedo

La Policía aplica "a rajatabla" la ordenanza de convivencia para acabar con la presencia de mendigos tras las quejas de los comerciantes


La Policía Local ha intensificado los controles sobre la mendicidad en Oviedo, sobre todo en el centro de la ciudad, tras las reiteradas quejas de los comerciantes, quienes aseguran que en los últimos meses el número de personas que piden por la calle se ha disparado. El operativo policial desplegado desaloja a los mendigos y, en ocasiones, impone sanciones de hasta 200 euros, según ha podido saber este periódico por fuentes oficiales. Las sanciones se aplican en cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana que prohíbe la mendicidad en los espacios públicos. "Se está aplicando a rajatabla", indican las mismas fuentes consultadas.
Por ejemplo, el martes, a las cuatro de la tarde, la Policía desalojó a un mendigo que estaba apostado a las puertas de un supermercado en la avenida de Buenavista. Un día antes, en plena calle Uría, un grupo de ciudadanos se encaró a los agentes policiales por multar -un testigo aseguró que con 500 euros- a un indigente que pedía a las puertas de un conocido centro comercial. Fuentes policiales especificaron que el agente tan sólo propone el importe de la sanción, pero que es un departamento administrativo diferente el que fija la cuantía, y que las sanciones más elevadas que se están imponiendo rondan los doscientos euros. Aun así, la ordenanza de convivencia ciudadana establece la posibilidad de sancionar con multas de hasta 750 euros. "Esto va por temporadas, se ve que últimamente hay más mendigos y están actuando. Ahora bien, con alguno en concreto nunca se meten", indicó un comerciante de Uría. 

Cuando se encuentran con un mendigo que nunca ha sido requerido los agentes le piden que cese en el ejercicio de la actividad y lo informan de las consecuencias en caso de persistencia o reiteración. Es en caso de reincidencia cuando se levanta acta o se formaliza la denuncia, de la que también se da traslado a los Servicios Sociales. Además, en caso de apreciarse malos tratos, síntomas de drogadicción o cualquier otra afección, se le presta auxilio para su traslado a un centro médico. Los agentes también están habilitados para intervenir cautelarmente los medios empleados para la mendicidad.

jueves, 24 de octubre de 2013

HOMBRE LOGRA QUE MULTEN A TELEFONICA CONN 50.000€ POR METERLE EN UN FICHERO DE MOROSOS


"Me metieron en la lista de morosos y logré que multaran a Telefónica con 50.000€"


 
Según la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu), incluir a los clientes en ficheros de morosos se está convirtiendo, cada vez más, en una práctica habitual de las operadoras. Y es que cada vez más 'telecos' apuntan en estas bases de datos a usuarios que dejan de pagar recibos, ya sea porque no pueden o por su desacuerdo con las facturas.
La Cecu y Facua han denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) esta práctica, que en algunos casos contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que están incluyendo clientes en un fichero de impagados mientras existe una reclamación de por medio. Este fue el caso de Juan Carlos Galán, un sevillano de 60 años que vivió toda una odisea al tratar de dar de baja un servicio con Telefónica.
 
Todo empezó en 2008, cuando este autónomo decidió solicitar, tras dos años de servicio, la baja de su módem USB que tenía contratado con la compañía. Sin embargo, lo que parecía un trámite sencillo se convirtió en una auténtica pesadilla.
 
No acepté porque sabía que pasado el tiempo no me acordaría, entonces me dijeron que me rebajaban un 50% mi factura del teléfono fijo y ADSL"Mantuve este servicio durante un par de años, pero un día me di cuenta de que ya no lo estaba utilizando. Cuando por fin me decidí a darlo de baja llamé por teléfono, para convencerme de que no lo hiciera la operadora me prometió que no me cobraban hasta fin de año. No acepté porque sabía que pasado el tiempo no me acordaría, entonces me dijeron que me rebajaban un 50% mi factura del teléfono fijo y ADSL, que también tenía con ellos", ha explicado Juan Carlos a Teknautas.
 
Y fue en ese momento cuando comenzó su calvario. Tras aceptar esta sugerente oferta, colgó, más contento, pensando que en sus próximos meses vería cómo bajaban sus facturas. Pero nada más lejos de la realidad. 31 días después no sólo le llegó la misma factura del teléfono y ADSL, sino también la del módem USB que quería dar de baja.
 
"Al recibir las facturas me fijé en que no habían aplicado ningún descuento. Llamé al servicio de atención al cliente y me contestaron que hacía falta que pasara un mes para que se aplicase. Entonces esperé, pero continuaron haciendo lo mismo durante los meses siguientes", ha añadido.
 
La odisea de darte de baja con una operadora
 
Ante los importes recibidos y tras reclamar a la compañía sin llegar a ninguna solución por parte de la operadora, Galán decidió zanjar el asunto dándose de baja. No se crean que lo hizo por teléfono. Para asegurarse, mandó un burofax con acuse de recibo. Pero para su sorpresa, al mes siguiente volvieron a pasarle la misma factura.
 
Lo siguiente que hice fue ir al banco para dar la orden de que no aceptasen ni una factura más"Entonces fue cuando me sentí estafado. Lo siguiente que hice fue ir al banco para dar la orden de que no aceptasen ni una sola factura más", ha explicado.
 
Tras dos meses en los que el banco devolvió las facturas, Telefónica le envió una carta amenazándolo con incluirlo en la lista de morosos. Y finalmente lo hizo, aunque paradójicamente Galán seguía pagando religiosamente su factura del teléfono fijo. "Pedí la portabilidad a Jazztel pero me querían cobrar 90 euros por estar incluido en esta lista", ha reconocido apesadumbrado.
 
Tras realizar una reclamación, la operadora asumió en diciembre de 2011 (PDF) que "una vez analizadas las manifestaciones del cliente y revisados los archivos", el socio no arrojaba "deuda alguna con esta empresa". Asimismo, añadió que "se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para desvincular al cliente de cualquier fichero de solvencia patrimonial".
 
No era moroso pero lo incluyeron en la lista
 
No obstante, en enero de 2012 cuando creía que ya había terminado todo, Juan Carlos Galán recibió sendas cartas de Asnef y Experian Badexcugnotificándole la presencia de sus datos en dichos ficheros a instancia de Telefónica.
 
Los datos de un cliente sólo pueden ser incluidos en este tipo de ficheros si hay existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagadaTras realizar una denuncia ante la AEPD, el organismo recordó que tal y como señala la ley, "los datos de un cliente sólo pueden ser incluidos en este tipo de ficheros si hay existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada".
 
Por todo esto, al final la AEPD resolvió que Telefónica había incurrido en "una infracción grave al principio de calidad de datos" al incluir en varios ficheros de morosos los datos de Galán y le impuso una multa de 50.000 euros.
 
Al ser preguntado si está satisfecho con la multa, Galán, con claros síntomas de cansancio, se muestra escéptico: "seguro que Telefónica recurre y al final se libra de pagar. De todas formas, yo no voy a ver ni uno solo de esos 50.000 euros".