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miércoles, 7 de agosto de 2013


Estados Unidos acusa a Bank of America de fraude



06/08/2013 - WASHINGTON, Estados Unidos. (Reuters).–  El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo hoy, martes, que presentó una demanda civil contra Bank of America por lo que abogados del Gobierno afirmaron era un fraude contra inversores por 850 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas.
El Gobierno presentó la demanda en la Corte de Distrito en Charlotte, Carolina del Norte, dijo el Departamento en uncomunicado.

En tanto, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) dijo que el banco falseó y omitió ciertos hechos materiales relacionados con un bono de 2008 respaldado por más de 855 millones de dólares en hipotecas residenciales, según documentos judiciales.

martes, 6 de agosto de 2013

GALLARDON REDUCIRA HASTA UN 46% LAS TARIFAS DE LOS ABOGADOS DE OFICIO


Gallardón quiere reducir hasta el 46% las tarifas de los abogados de oficio

La Generalitat tacha de "barbaridad" la iniciativa y considera que deterioraría la justicia gratuita


Una abogada camina por la Ciutat de la Justícia.
El Ministerio de Justicia ha propuesto a laGeneralitat una rebaja generalizada, que en algunos casos llega hasta el 46%, de lasretribuciones de los abogados del turno de oficio por los asuntos de justicia gratuita para este año.
Con esta medida, el Ejecutivo de Rajoy pretende homogeneizar estas compensaciones a nivel estatal. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha encontrado con la oposición frontal del 'conseller' de JustíciaGermà Gordò, que ha rechazado tajantemente la idea. Los abogados se han alineado esta vez al lado de la Administración autonómica y están en alerta.
>>Lea la información completa sobre la propuesta de reducir las tarifas a los abogados del turno de oficio en e-Periódico.

sábado, 20 de julio de 2013

GARZON PIDE AL TC, QUE ANULE SU SENTENCIA


Garzón pide al TC que anule la inadmisión del recurso contra su condena porque uno de sus firmantes es De los Cobos

Se plantea pedir al Rey que anule su nombramiento



   MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -  

  El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la providencia que en noviembre de 2012 rechazó tramitar su recurso contra la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo al ser el presidente del tribunal de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, uno de los firmantes de la resolución.

   Los abogados de Garzón, José Luis Fuertes Suárez y Javier Yagüe García, han presentado este viernes una petición de "nulidad absoluta de actuaciones" de la providencia que rechazó tramitar el recurso del juez contra su condena al entender que De los Cobos, al haber sido designado magistrado de este órgano ocultando su condición de militante de PP, incurrió en incompatibilidad y su participación en la deliberación no es válida.

   Según un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la interpretación "lógica y sistemática elemental" de la regulación de las incompatibilidades prevista en el artículo 19 de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional(LOPJ) "lleva necesariamente a que tenga que ser de aplicación a los magistrados del más alto Tribunal".

   Añaden en su recurso que carece de sentido "que el más humilde juez de pueblo no pueda ser militante de un partido y que sí lo pueda ser el Presidente del Tribunal Constitucional".

   Baltasar Garzón y sus letrados se plantean incluso pedir formalmente al Rey la nulidad radical de su nombramiento, al amparo del art. 16 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 6.3 del Código Civil, y exigir las responsabilidades a que hubiera lugar.

PROCESO CONTRA EL PP

   Además, en el caso de Baltasar Garzón, indican los letrados que "la apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de Pérez de los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa, ya que en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se cuestionaba la condena de Baltasar Garzón por unas escuchas acordadas por él en una investigación criminal dirigida contra dirigentes y miembros del PP".

   Para la defensa de Garzón, "no cabe explicación ni excusa alguna para su silencio en aquel momento sobre este crucial extremo" y, de haberse sabido, habrían procedido a su inmediata recusación".

   "Al no haberse abstenido ni revelado su militancia, la decisión es nula de pleno derecho", insisten los letrados, que citan el artículo 228.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con independencia del criterio de los otros magistrados en aquel caso.

   Finalmente, Garzón considera que la situación de Pérez de los Cobos es "insostenible e insubsanable" aunque luego hubiera pedido formalmente la baja del partido. "Nada podría sanar el vicio de origen de nulidad de su nombramiento, que quebrantó una norma imperativa de prohibición", añaden.

   "Ello lleva además al Tribunal Constitucional a una situación insostenible, en la que su presidente tendría que abstenerse en todos los Plenos o deliberaciones en que se cuestionaran leyes, normas o actuaciones del PP, por lo que en la práctica el órgano carecería de presidente efectivo, lo que es un desfallecimiento intolerable de la alta institución".

   El exmagistrado alegaba en su recurso que el fallo del Supremo ponía en peligro la independencia judicial que garantiza la Constitución y añadía que su condena a 11 años de inhabilitación es "gravísimamente inconstitucional en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático".

   Sus alegaciones fueron rechazadas de plano en una una providencia fechada el 29 de octubre de 2012 y firmd por los magistrados Pablo Pérez Tremps, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos.

   Señalaban, que "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el artículo 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".

FUENTE


viernes, 19 de julio de 2013

EL PSOE Y PP, HAN ELIMINADO A LOS JUECES MOLESTOS


Propiedad Intelectual: de cómo el PSOE y del PP han eliminado a los jueces molestos


Abril de 2006: En una redada policial son detenidos 15 administradores de páginas que enlazan a obras intelectuales. Los medios de comunicación, que dan por condenados a los detenidos, hablan de "la mayor operación contra la piratería en toda Europa".
Octubre de 2007: Llega la primera resolución judicial, que decreta el archivo de las actuaciones que se seguían contra la web de enlaces Sharemula al considerar que enlazar a una obra no supone una comunicación pública de la misma. El Auto es recurrido por la acusación particular, pero la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso y confirma el Auto, que adquiere firmeza.
Marzo de 2008: El efecto dominó de la resolución Sharemula comienza a notarse. Se decreta el sobreseimiento del procedimiento seguido contra la web indicedonkey con idénticos argumentos a los utilizados para el sobreseimiento de Sharemula. Después le seguirán prácticamente todas las demás y entre ellas las webs Tvmix.net, Emule24horas.com, Spanishare.com, Cvcdgo.com, Etmusica.com, Elitemula.com y Naiadadonkey.com. Por su parte, en la vía civil, los juzgados de lo mercantil desestiman las demandas interpuestas por SGAE, confirmando que enlazar a una obra no infringe los derechos de propiedad intelectual de ésta.
Abril de 2009: La presidenta de la Academia de Cine, Ángeles González Sinde, deja el cargo para ser Ministra de Cultura.
Mayo de 2009: El Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EEUU incluye a España en la lista 301 de los países más tolerantes con la piratería. El informe que justifica la inclusión de España en la lista dice que la resolución Sharemula es un ejemplo de "la frustración" que siente la industria de ese país con los procesos judiciales en España.
Noviembre de 2009: Se hace público el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye una serie de reformas que cambian al órgano que decidía en los casos de páginas de enlaces, sustituyendo a los jueces por una comisión del Ministerio de Cultura, que mantiene públicamente una tesis jurídica opuesta a la de aquellos y afín a la solicitada desde EEUU. Una abogada de la industria declaró que "la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta".
Octubre de 2011: El Consejo General del Poder Judicial, probablemente consciente de que la popularmente conocida como Comisión Sinde no tiene otro objeto que el de cerrar páginas de enlaces pese al repetido criterio de los jueces, advierte en su dictamen sobre la "Ley Sinde" que a las páginas de enlaces conforme al sentir de la mayoría de la doctrina jurisprudencial "no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual".
17 de julio de 2013: Sin que haya habido ningún cambio en la ley desde 2006 que cambie la regulación de las páginas de enlaces y únicamente al órgano que las interpreta, la Comisión Sinde dicta resolución opuesta a lo que venían declarando los jueces, es decir, que las páginas de enlaces sí infringen la propiedad intelectual.
La industria del copyright movió un dedo y se enviaron cartas advirtiendo de acciones legales.
Cuando las cartas se ignoraron, la industria movió un dedo y se interpusieron las acciones judiciales.
Cuando los jueces resolvieron en favor de denunciados y demandados, la industria movió un dedo y se recurrieron las resoluciones.
Cuando volvieron a perder en los juzgados, la industria movió un dedo y desaparecieron los jueces.

domingo, 14 de julio de 2013

CON TANTA GENTE DURMIENDO EN LOS CAJEROS, LA MEJOR OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS


“Con tanta gente durmiendo en los cajeros, son la mejor obra social de las cajas”

Arcadi Oliveres, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, analiza los impactos sociales de la crisis actual.
"Me vergüenza ver como Cataluña o Madrid se arrodillaron ante un impresentable nazi y mafioso para rogarle que instale en España sus casinos".
"A nivel internacional, este mundo está gobernado por delincuentes", denuncia Oliveres.
Este reconocido activista de Justicia y Pau critica que en vez de potenciar "la inversión pública" se apueste por "una política de recortes, recortes y más recortes".


El capitalismo es un sistema perverso que nos ha dejado caer en la crisis con cierta periodicidad. Al menos, esa es la opinión de Arcadi Oliveres, economista y reconocido activista de Justicia i Pau (organización catalana en defensa de los derechos humanos). Aunque existen precedentes históricos que permiten echar la vista atrás y encontrar una situación de miseria económica como la que atravesamos, buscar una solución en estos antecedentes sería una solución anacrónica, y es que "la economía ha cambiado, se ha mundializado", dice Oliveres.
La solución que los estados han buscado para la actual crisis está "180º en contra de lo que debería haber sido", insiste el economista. En lugar de potenciar "la inversión pública" se han limitado a defender "una política de recortes, recortes y más recortes". Oliveres culpa de todo esto a un hecho que diferencia la actual situación de sus antecesoras, el fenómeno de capital especulativo. "Miles de pisos fueron comprados por gente que no los necesitaba" y ahora nos encontramos con "tres millones de viviendas vacías en España, y 350.000 familias desahuciadas".
350.000 familias a razón de tres miembros por cada una, da como resultado un millón de personas en la calle, y para Oliveres la solución sería sencilla: "Que cojan un millón de esas casas y se las entreguen a esas personas". Aunque reconoce que suena utópico ya que "por supuesto, los bancos no lo permiten". Es cierto que se buscan alternativas, "intentan fomentar el alquiler social", pero mientras llegan "cada vez es más habitual ver a familias viviendo en furgonetas, campings, o tiendas de campaña" y "con tanta gente durmiendo en ellos, los cajeros automáticos son, a día de hoy, la mejor obra social de las cajas".

Erradicar el hambre en el mundo 92 veces

Mientras en la calle existe una crisis social, que afecta a todos los países europeos, "se han inyectado cuatro billones seiscientos mil dólares a las bancas a nivel mundial", cifra Oliveres. Según Naciones Unidas, con ese dinero se hubiera erradicado el hambre en el mundo 92 veces. "Nadie intervino para frenar esta inversión especulativa" dice Oliveres, sobre todo, porque los propios mandatarios son, en muchos casos, los principales especuladores. Yo no sé qué sucede a nivel municipal, comarcal o regional, pero les aseguro que a nivel internacional este mundo está gobernado por delincuentes", denuncia.
Con la primera inyección de dinero, los bancos aprendieron la lección y cerraron el grifo del crédito y la crisis "pasó de ser económico financiera, a meramente financiera", explica Oliveres. "Si no hay crédito, el vendedor no vende y el comprador no compra", entramos entonces en la llamada "crisis" y "las empresas responden con EREs" a veces "justificados" y en otras ocasiones "sin la menor necesidad, como en el caso de Telefónica o La Caixa, que con un gran margen de beneficios recortan sus plantillas y mandan a gente a la calle", censura el activista.
El lado más humano y visible de la crisis es el desempleo, donde "se llega a casos que rozan los límites de la estupidez humana como Eurovegas". A Oliveres le da "vergüenza ver como Cataluña o Madrid se arrodillaron ante un impresentable nazi y mafioso para rogarle que instale en España sus casinos". El economista sostiene que la solución no pasa por ahí sino por "un reparto del trabajo existente" y reducciones de la jornada laboral para que "los que tienen trabajo trabajan un poco menos, de tal modo que los que no lo tienen puedan trabajar un poco más".

miércoles, 10 de julio de 2013

EL JUEZ BLESA: "¿SI LOS IMPUTADOS ELIGEN A SUS JUECES, QUE NOS QUEDA?


'¿Si los imputados eligen a sus jueces, qué nos queda?', se pregunta el juez de Blesa


Elpidio José Silva lanza esta cuestión en twitter tras conocerse que el instructor de su expediente disciplinario propone suspenderle 21 meses


Elpidio José Silva/Efe

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidirá el próximo día 16 si apoya sancionar con suspensión de funciones durante 21 meses al juez Elpidio José Silva, que fue quien acordó el pasado mes de junio la prisión incondicional delexpresidente de Cajamadrid Miguel Blesa. Tras conocerse la propuesta del instructor de suspender a Silva, por causas distintas al 'caso Blesa', el magistrado ha escrito en su cuenta de twitter: "¿Si los imputados eligen a sus jueces qué nos queda?".

El instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial al juez Silva ha propuesto una sanción de un año y nueve meses de inhabilitación y una multa de 2.000 euros por dos faltas muy graves y otra grave, ninguna relacionada con el "caso Blesa", aunque el expediente se abrió después de iniciada esta causa. Según el Consejo, la inspección que dió origen a la actuación disciplinaria estaba dentro del plan anual ordinario de investigaciones a juzgados.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado que el próximo martes 16 se reunirá su Comisión Disciplinaria para abordar esta propuesta, realizada por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Álvaro Domínguez. Además, tendrán sobre la mesa la petición al respecto de la Fiscalía, que es aún más dura: 3 años de suspensión y 3.000 euros de multa.
En caso de aceptar que el juez cometió las faltas muy graves, la Comisión elevaría la proposición al pleno, que es el que tiene la competencia para tomar una decisión de estas características, que supone una suspensión de funciones.
El expediente disciplinario fue abierto el pasado mes de abril por dos faltas muy graves -una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones- y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado, el de Instrucción número 9 de Madrid.
El magistrado se querelló el pasado 24 de junio contra el instructor de su expediente después de que la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces acordara por unanimidad rechazar de plano la recusación que planteó contra Domínguez. La comisión se reunió de urgencia para estudiar el asunto y permitir así que Domínguez pudiera seguir instruyendo el expediente.
Silva se encuentra apartado de la instrucción de la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans y de la de la compra del City National Bank de Florida, por la que ordenó en dos ocasiones prisión para Blesa, la primera bajo fianza de 2,5 millones de euros y la segunda con carácter incondicional el pasado 5 de junio.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló la primera, de la que el magistrado desgajó la de la adquisición del banco norteamericano, decisión que le obligó a dejar en libertad al banquero el pasado 20 de junio.
Según publica este martes el diario "El Mundo", el instructor ha apreciado en la conducta de Silva una falta muy grave consistente en la absoluta y manifiesta falta de motivación de resoluciones judiciales, y otra de desatención del ejercicio de sus competencias. Además, habría cometido una falta grave de abuso de autoridad. En su propuesta a la Comisión Disciplinaria, contabiliza hasta 73 sentencias condenatorias de Silva que no contienen fundamentacion, y 4 resoluciones sin ninguna motivación y que no relacionan hechos probados. También sostiene que funcionarios del Juzgado redactaban sentencias por faltas y determinados 

VOCAL DEL CGPJ, PIDE LA DIMISION DE RAJOY


Vocal del CGPJ pide la dimisión de Rajoy porque "la ciudadanía no puede soportar" que el presidente reciba sobresueldos

José Manuel Gómez Benítez
Foto: EUROPA PRESS
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 9 Jul. (EUROPA PRESS) - 

 El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para superar el "desolador" panorama político provocado por el denominado 'caso Bárcenas'. En opinión del abogado, "la ciudadanía no puede soportar que haya sobresueldos no declarados por parte del presidente", ha dicho.

   "No sé cómo se puede salir de esta situación si no es dimitiendo el presidente del Gobierno y que alguien gobierne durante dos años hasta que se puedan hacer unas nuevas elecciones, porque esto no se puede soportar", ha declarado tajante el vocal del CGPJ antes de participar en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

   Gómez Benítez, cuya candidatura al CGPJ fue propuesta por el PSOE, cree que de probarse la existencia de sobresueldos en el Partido Popular, sería "una flagrante violación de la ley de incompatibilidades, algo políticamente muy grave", ha explicado.

   Sobre la publicación este martes en el diario 'El Mundo' de los papeles supuestamente originales de Luis Bárcenas, reflejando la contabilidad oculta del partido en su época de tesorero, Gómez Benítez ha señalado que "se abre un panorama judicial más claro al irse acumulando pruebas" y ha apuntado que con la entrega de ese documento original en la Audiencia Nacional, Bárcenas "tendrá que volver a declarar" ante el juez.

martes, 9 de julio de 2013

EL PP REFORMA EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A SU MEDIDA


El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida 

Solo una asociación, la conservadora, participa en la renovación del Consejo General

El PSOE debe decidir si pactará o no los nuevos vocales con el PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Uly Martín
 
Nadie (o casi nadie) pone en duda que el gobierno de los jueces tenía defectos, que estaba politizado en exceso, que su funcionamiento no siempre era operativo y que un lavado de cara era conveniente. El problema es la dirección que debía tomar ese giro para no empeorar sus males en vez de mejorarlos. Y, salvo el PP, nadie (o casi nadie) apoya la reforma aprobada definitivamente el 27 de junio con el único sustento del grupo parlamentario del partido de Gobierno.

Los populares han reformado la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo del Poder Judicial en solitario, con un PSOE que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, con las asociaciones judiciales en contra, los presidentes de las Audiencias Provinciales en contra, el actual Consejo en contra... Esta será la primera vez que se modifique manu militari, sin un mínimo consenso, la regulación de un órgano constitucional esencial en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, cuya labor es aplicar las leyes y controlar a los otros dos.

La reforma, en todo caso, y a pesar de las innumerables críticas que ha recibido, ya está en el BOE. Y el proceso de renovación del actual Consejo, cuyo mandato acaba en septiembre, está en marcha según la nueva regulación. A principios de julio se abrió el plazo de un mes para la presentación de candidatos —del que se han autoexcluido tres asociaciones judiciales en protesta por lo que consideran un asalto a la independencia judicial— y el PSOE tendrá que decidir en breve si, pese a su oposición total a la reforma, acepta pactar los nuevos vocales con el PP.

Si no lo hiciera, el Gobierno podría a pesar de todo, y gracias a la reforma, renovar en solitario a 10 vocales. En este caso se daría la extrañísima situación de tener un Consejo formado por una mitad nueva elegida por el PP y por otra mitad cuyo mandato habría terminado. Así será, en todo caso, el nuevo Poder Judicial diseñado por el Gobierno:

Sistema de elección

El número de vocales seguirá siendo 20, tal y como señala la Constitución. Y todos serán elegidos, igual que ahora, por el Parlamento, a pesar de que el último programa electoral del PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Tampoco cambia el número de plazas dedicadas a magistrados y a otros juristas: 12 serán jueces de carrera y los otros 8 se elegirán entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Hasta el momento, la elección se llevaba a cabo de la siguiente forma: cada Cámara legislativa elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales habían presentado candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también habían podido ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

¿Qué va a suceder ahora? No hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tiene en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, podría nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie y garantizarse unos vocales amables y controlables.

Desde el Gobierno se señala que el hecho de que pueda no significa que vaya a hacerlo, y que lo razonable es pactar, como siempre. Los críticos de la reforma señalan, sin embargo, que el Estado de derecho no puede basarse en la confianza de que el Ejecutivo se portará bien, sino que exige límites legales que garanticen de forma nítida la independencia judicial.

Asociaciones de jueces

“Se dice que estamos en contra porque recorta el poder de las asociaciones, pero lo que hace realmente es abrir la puerta a mayores injerencias políticas en el Poder Judicial”, opina Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Ellos defienden que es más justo que se pueda presentar cualquiera sin apenas avales ni respaldo detrás, pero realmente facilita un Consejo a la medida del Ejecutivo y de los partidos sin ningún control. Por otro lado, ha habido vocales con centenares de avales que se han presentado en el pasado como independientes y que, sin embargo, luego no han sido elegidos por los partidos”.

Esta organización, junto a las moderadas Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que no participarán en la elección de los nuevos vocales. Por primera vez en la historia, solo una asociación propondrá candidatos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, a pesar de ello, también ha sido crítica con la reforma. Manuel Almenar, actual vocal del Consejo —nombrado por el PP a propuesta de la APM— defiende también que el sistema nuevo no despolitiza el órgano de gobierno de los jueces, sino todo lo contrario: “Antes había un filtro, 36 personas elegidas por la carrera. Ahora, con la puerta abierta a los grupos parlamentarios para que elijan a quien quieran, ¿realmente alguien cree que se va a despolitizar?”. “¿Cómo nos va a conocer a mí o a otro el Parlamento de la nación?”, se pregunta Carlos Gómez, presidente de la Audiencia de Palma. “Será por los contactos políticos que tenga cada uno, ¿no? Los partidos podrán ahora elegir sin selección previa”. Esto no significa que no vaya a haber ningún juez progresista en el nuevo Consejo, pero solo lo habrá si alguno se presenta de modo individual con los 25 avales y si después es elegido —algunos, de hecho, ya se están moviendo—.

Rechazo de los partidos

La gran pregunta es si habrá un pacto con el PSOE en la próxima elección de los vocales. Para los socialistas se trata de una decisión complicada. Si quedan fuera de cualquier acuerdo, solo habrá algún vocal progresista si el PP decide ser magnánimo. Pero también les va a resultar difícil pactar tomando como base una ley que han calificado como intento de ocupación política del Poder Judicial y que van a llevar al Constitucional. “Los contactos en estos momentos son complicados porque esta ley ha supuesto un intento de ocupación política del poder Judicial”, señala Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso. Pero, asegura, la decisión final aún no está tomada. La fijarán la Ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP, por su parte, necesita pactar para que el resultado final resulte mínimamente presentable.

Vocales a tiempo parcial

De los 20 vocales, solo los seis de la comisión permanente (cinco más el presidente) lo serán a tiempo completo: tres jueces y dos del turno de juristas. Serán elegidos cada año. 

El resto compaginarán su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho con sus labores de vocal. “Esto plantea múltiples problemas de posibles incompatibilidades”, opina el presidente de la Audiencia de Palma. “¿Qué pasa si un abogado-vocal lleva asuntos que después deben ser tratados en el Consejo? O, si un juez-vocal tiene problemas disciplinarios, ¿realmente van a sancionarlo sus compañeros de al lado?”. “¿Es razonable que el abogado de la Infanta o la juez Alaya pudieran ser vocales en estos momentos?”, señala otra vocal del actual Consejo, la progresista Margarita Robles, una de las más críticas con la reforma de Gallardón. “Por otro lado, si se considera que 20 vocales son demasiados para ser operativos, lo más lógico sería modificar la Constitución para reducirlos. Esta reforma, de profundo calado, debió hacerse con consenso y desde un análisis profundo”.

La revolución disciplinaria

El pleno elegirá a siete vocales de la comisión disciplinaria (los encargados de sancionar a los jueces) por un plazo de cinco años. El presidente será el vocal de procedencia judicial con mayor categoría y antigüedad. Se crea una figura, el “promotor de la acción disciplinaria”, que se encargará de recibir las quejas, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios, una potestad hasta ahora de la comisión, que nombraba al instructor del expediente en cada caso. Su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. Solo podrán ejercer esta labor magistrados del Tribunal Supremo o magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.

La instrucción de los expedientes disciplinarios es algo difícil de regular. Sancionar al compañero siempre da problemas en una carrera muy tendente al corporativismo. Pero la reforma ha generado críticas por la concentración de funciones en una sola persona. “Se trata de una figura que acumulará un poder increíble”, critica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Una especie de Gran Inquisidor”.

jueves, 4 de julio de 2013

GARZON SE PRESENTARA A LAS PROXIMAS ELECCIONES


Garzón: “Mi intención es participar en política, lo cual no significa ir en una lista”

Garzón: “Impulsamos un espacio de encuentro con intención política clarísima”





“No nos resignamos porque hay otra alternativa a las políticas sociales y económicas; no es cierto que esto tenga que ser así”. Con este grito ha nacido Convocatoria Cívica, que no es ni tiene vocación de ser partido político o plataforma electoral. ¿Qué es entonces? Sus promotores se han presentado en el Ateneo de Madrid con un Manifiesto a través del cual quieren concitar la participación de fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanos indignados con la situación. A lo largo de dos horas, los impulsores de Convocatoria Cívica han tratado de explicar la razón de su nacimiento. En el estrado se han sentado el jurista y exjuezBaltasar Garzón, el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático de Economía Juan Torres, los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, el exdirigente de CC OO Antonio Gutiérrez, la periodista y escritora Pilar del Río y la activista Pilar González. “Queremos ser movimiento catalizador de inquietudes y cauce para que cuantos quieran participar y ayudar a que las cosas cambien, se aglutinen”, ha señalado Antonio Gutiérrez.
El exjuez asegura que participa en política pero no será candidato en ninguna lista electoral
El exjuez Baltasar Garzón ha añadido que esta plataforma nace para ayudar a que “distintas alternativas ya existentes puedan confluir; en nuestro manifiesto se repiten las palabras unidad y transversalidad”. Garzón ha formulado una auténtica declaración de intenciones ante las expectativas que en torno a él se han abierto por si pudiera encabezar alguna lista electoral, por ejemplo, en las elecciones europeas del próximo año. “Mi intención es participar en política, lo cual no significa ir de candidato en ninguna lista electoral”. Y fue aún más rotundo: “No me voy a presentar a las elecciones europeas”. Seguramente, ninguno de los integrantes de la mesa que ha presentado el manifiesto de Convocatoria Cívica será candidato en ninguna elección, pero previsiblemente si surgiera una candidatura unitaria de la izquierda, ayudarían a su promoción. “Cualquier opción que defienda y se integre en estos principios yo estaré dispuesto a defenderla”, ha aclarado el exjuez.
Muchas han sido las preguntas del público y de los medios de comunicación tras la presentación del manifiesto y de las respuestas se deduce que con esta plataforma se pretende “tener incidencia y que la misma se convierta en un cauce de participación” ha señalado Garzón.
Mayor Zaragoza, García Montero, Almudena Grandes y Antonio Gutiérrez ponen en marcha una plataforma de confluencia de ideas, proyectos y entidades
Precisamente, en el último párrafo de su manifiesto se puede encontrar la intención de estos promotores. “Convocamos a todas las personas y organizaciones sociales y políticas –muy especialmente a las que ya actúan con una importante representación ciudadana- para que se manifiesten en favor del diálogo”. Además, las piden, entre las que están los partidos políticos, que abran “un proceso de confluencia y unidad que, con el amparo de la máxima movilización ciudadana, culmine en la alternativa que ponga fin al drama que estamos viviendo”. Tanto Mayor Zaragoza como el economista Juan Torres y la escritora Almudena Grandes, han abordado distintas parcelas, nacionales e internacionales, para señalar que otras políticas son posibles y, además, millones de ciudadanos las están esperando.
En el fondo, subyace la llamada a los partidos políticos de la izquierda –en todo momento se ha apelado a posiciones progresistas- para que se unan. De entrada, ya han abierto un espacio en la web para calibrar la acogida social que pueda tener. En una primera entrada, están las firmas de economistas como Carlos Berzosa y Juan Francisco Martín Seco, abogados, catedráticos, periodistas, teólogos, como Benjamín Forcano, historiadores, cineastas como Isabel Coixet. “Queremos que sea un espacio de encuentro y de diálogo, con una intención política clarísima”, ha señalado Garzón, decidido a empujar a que haya en España una alternativa sin necesidad de encabezar ninguna candidatura.

domingo, 30 de junio de 2013

HABLA EL JUEZ QUE METIO EN LA CARCEL A BLESA, EXPRESIDENTE DE CAJA MADRID



El juez Elpidio se estrena en Twitter llamando a la revolución


El juez Elpidio Silva


"Acoso institucional, depuraciones encubiertas y desmoralización general son los caballos de batalla del Estado democrático contemporáneo". "La resistencia civil es un derecho ciudadano (J. Rawls) y del funcionario compelido a obrar ignorando la debida aplicación del derecho". "En las 'purgas latentes' se fabrica desviada y torticeramente la culpabilidad de alguien, para amedrentar al resto". Estos son algunos de los 36 mensajes del controvertido juez Elpidio Silva, casi un recién llegado al mundo Twitter, y que parecen más propios de un activista del 15-M que de un magistrado si tenemos en cuenta que llama a ignorar la ley, arremete contra las instituciones y hasta habla de "purgas" al estilo estalinista.

El juez que metió en la cárcel al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al que luego tuvo que sacar tras un auto incendiario de la Audiencia Provincial de Madrid, puede presumir de haber conseguido en apenas un mes, más de 5.000 seguidores, aunque él no se queda manco siguiendo a 897 personas, mayoritariamente periodistas y políticos del PSOE y de IU, aunque no falta alguno del PP.

Sus mensajes no tienen desperdicio y este Buscón no se resiste a plasmar alguno más. "La delincuencia económica organizada es invisible, como la termita; y carcome cualquier institución del Estado, hasta laminarla". Y otro más: "Saltarse un semáforo es una simple infracción; hacerlo ebrio, atropellando a un peatón, es un delito. No es distinto en el sector económico". Y el último: "Ojalá la justicia no sucumba bajo su nombre".

Quizá se traten de simples desahogos de un juez "indignado", pero que se tienten la ropa los señores banqueros. Elpidio no los olvida.

FUENTE

GALLARDON IMPUTADO, ¿EN QUE PAIS VIVIMOS?


Gallardón imputado

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Gallardón imputado: El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado ante el juez José Castro un escrito para solicitar la apertura de una pieza separada con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como denunciado, al apuntar que éste, como presidente de la fundación pública 2016, donó 140.000 euros a la entidad sucesora del Instituto Nóos "en base a la figura" que representaba Iñaki Urdangarin y para utilizarle "como lobby" para promocionar la candidatura olímpica de Madrid.




Gallardón imputado: El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha emitido una Providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas". Diariocrítico ya adelantó en su día que el juez Castro estudiaba imputar al hoy ministro Ruiz-Gallardón.



El ministro Ruiz-Gallardón, más cerca de declarar ante el juez Castro por el Caso Nóos

- El juez traslada al fiscal la petición de abrir una pieza separada que le afecta
M. Á. M. Diariocrítico 28/06/2013

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha emitido una Providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas". Diariocrítico ya adelantó en su día que el juez Castro estudiaba imputar al hoy ministro Ruiz-Gallardón.

Diariocrítico ya avanzó el pasado 19 de marzo, citando fuentes jurídicas, que el juez del 'caso Nóos',José Castro, estudiaba llamar a declarar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades cuando era alcalde de Madrid. Posteriormente, el 30 de mayo, este diario afirmaba igualmente que el juez Castro daba un paso más al pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asumiera la investigación que afectaba al ex presidente valenciano, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existían indicios de delito contra ambos.

Según medios jurídicos conocedores del caso, el juez Castro daba así un paso más: ahora podría llamar a declarar al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos del Ayuntamiento de Madrid a Iñaki Urdangarín cuando Gallardón era alcalde de la capital española.

Ahora, en su Providencia de este viernes, Castro da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas", lo cual cierra aún más el círculo contra Gallardón.

Gallardón, en el punto de mira

Como ya reveló Diariocrítico el pasado 19 de marzo, todo parece indicar que el particular vía crucis judicial del Partido Popular, de sus dirigentes y del Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho más que comenzar. Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el juez del 'caso Nóos' estudia llamar a declarar al hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades cuando era alcalde de Madrid.

La medida estaría siendo estudiada tanto por el juez Castro como por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, que investigan el 'caso Nóos', dado que algunos datos que han aparecido en las investigaciones salpican a la empresa de la candidatura olímpica de Madrid 2016: la entidad de promoción del evento abonó más de 140.000 euros al 'lobby' de Urdangarin, según se supo el pasado 8 de febrero. Y, según fuentes judiciales y de las acusaciones, hay más datos para llamar a declarar a Gallardón por este caso que los que hay para imputar a Francisco Camps y Rita Barberá.

Como es conocido, en febrero pasado una comisión judicial, encabezada por Castro y Horrach, profundizó en Madrid en la posible malversación de caudales cometida desde la empresa pública Madrid 16. Esta entidad se creó para promocionar la candidatura olímpica que lanzó Ruiz-Gallardón entre 2007 y 2009 y abonó más de 140.000 euros al lobby que encabezó Urdangarin desde el Instituto Nóos y sus fundaciones derivadas.

El juez participó entonces en los interrogatorios de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y ex directora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, imputada, junto a otros dos ejecutivos. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16 que pugnó por lograr la nominación olímpica.

La fundación FDCIS, sucesora de la fundación Areté, fue montada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres, con la ayuda del empresario Joaquin Boixareu y el abogado Ramon Bergós, y figura en la causa como pantalla para ocultar el papel del duque en el entramado.

La Providencia del juez Castro

En la misma Providencia dictada este viernes, el juez Castro accede a la petición cursada por el Ministerio Fiscal de suspender el señalamiento de la declaración del ex socio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, Diego Torres, previsto para las 10.00 horas del 11 de julio, a la misma hora del día siguiente.

También señala que una vez emplazados el Ministerio Fiscal y las partes personadas, eleva al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los testimonios que se anunciaron a través de la Providencia del 24 de junio, refiriéndose así a las declaraciones, en calidad de testigos, de José Enrique Bigne y Amparo Sancho ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, este viernes a las 11.20 horas.

Finalmente, en la Providencia, Castro acuerda tener por incorporados a la causa los documentos aportados por la representación procesal de Diego Torres, así como de su mujer, Ana María Tejeiro, de Virtual Strategies S.L., de Nóos Consultoría Estratégica S.L., de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de Shiriaimasu S.L. y de Intuit Strategy Innovation Lab S.L.

miércoles, 12 de junio de 2013

Hervé Falciani, "LOS BANCOS SE APROVECHAN DE LA JUSTICIA DE CADA PAIS"


LOS BANCOS SE APROVECHAN DE LA JUSTICIA DE CADA PAIS

Hervé Falciani, el informático encarcelado por difundir una lista de evasores fiscales desde las cuentas de HSBC, explicó el "sistema" de los banqueros para alimentar la corrupción



“Es una guerra económica y tenemos que estar preparados para luchar”, sostiene Hervé Falciani en sus primeros días de libertad en España tras pasar a la historia por "la lista Falciani", una relación de datos guardados en la banca privada suiza del HSBCque llegó al gobierno de Zapatero en 2010 con cientos de defraudadores; entre ellos, lafamilia Botín, que tuvo que pagar 200 millones de euros por la fortuna que tenía oculta en el extranjero.

Luego que la Audiencia Nacional rechazara su extradición el 8 de mayo, Falciani pasó casi seis meses en la cárcel y perdió diez kilos. Una vez libre, y con custodia constante, el hombre que desató el escándalo cedió una entrevista al portal español El Diario para terminar de explicar cómo funciona la red que se aprovecha del dinero corrupto. Para eso, no quiere dar nombres sino acabar con el sistema de arriba abajo.

Tras el repudio de Sarkozy a trabajar con sus datos, el ex informático está a punto de comenzar su colaboración con Francia y otras Justicias europeas. Pero Falciani es claro: si su trabajo no da frutos por los cauces oficiales, está dispuesto a buscar otras fórmulas para que la información llegue a la gente.

“Cuanto más se lucha de forma efectiva contra la corrupción, contra la financiación opaca, más peligro corre mi vida”, asevera quien está acogido a un programa de protección de testigos auspiciado por Naciones Unidas en su Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Con la tecnología, hoy es posible que todos los bancos puedan trabajar juntos.Ese es su poder. Además de esta tecnología, existe una sofistificación judicial en el sentido de que, con esta posibilidad de comunicación, la actividad se reparte sobre diversos países y se beneficia de cada una de las particularidades de cada país”, sostiene Falciani, quien trabajó durante una década en HSBC.

“Cada vez que un banco tiene filiales, se aprovechará de la Justicia y de las leyes del país donde está. Es la tecnología la que permite esto”.







Respecto a la posibilidad de abrir una cuenta en Suiza sin viajar a Ginebra, Falciani afirma que legalmente no se puede hacer, pero se hace. “Existen diversos modos. Yo sé cómo es de fácil que no se controle de dónde llegan los contratos. Normalmente se necesita firmar dentro del banco. Pero con el gestor se puede ver. Si mañana encontramos un correo con un contrato firmado que pasa de España a la entidad Suiza, significa que no se respeta la ley”, explicó.

Falciani también afirma que, además, el sistema se basa en unos intermediarios, en personas que en realidad están en otros países captando y hay testaferros que trabajan para el banco.

“Esto es un aspecto fundamental de la actuación en red. Las redes de personas son muy eficaces, dejan pocas huellas. Al final, cada vez que un empresario o una persona necesita los servicios de un banco, pasará a través de una persona o de un circuito de intermediarios. Esas redes están muy bien organizadas. Son parte de la experiencia de los bancos”.

Finalmente, Falciani afirmó que su accionar fue un sacrificio para que la gente entienda“que es más importante controlar las finanzas, las bancas, las transacciones. Y que se debe actuar como actúa el banco, trabajando en redes”.

El excarcelado ratifica que falta voluntad política para acabar con “el sistema” de las bancas. “Si el peligro es que sufrimos por culpa del sistema, tenemos que votar para que se cambie. Para que la actuación sea más fuerte de lo que es. Creo que es peligroso para todos los partidos políticos hablar de esto. Es posible que no entiendan bien las consecuencias. El pueblo debe expresar su voluntad.  Una vez que la calle empiece a hablar, la calle hará presión también”.

“No tiene sentido hablar de una lista Falciani. Es como hablar del fuego sin entender el mecanismo para encender este fuego. Lo más importante es entenderlo. Se olvidan los mecanismos de los testaferros. Se olvida que lo fundamental es parar estos mecanismos. Si se corta una cabeza, habrá otra detrás. Si no se para el mecanismo, se continuará así siempre”, concluyó.